El Partido Revolucionario Institucional (PRI) junto con su aliado el Verde Ecologista (PVEM) frenaron la solicitud de juicio político ante en el Congreso local en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa, con lo cual evitaron que tuviera que responder por temas relacionados a la crisis financiera, el presunto daño público por más de 35 mil millones de pesos detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las constantes agresiones a comunicadores o la desaparición forzada de cinco jóvenes a manos de policías estatales acreditados en Tierra Blanca.
Con cuatro votos en contra del desafuero y sólo dos a favor de los panistas, el tricolor consiguió que el caso del juicio político fuera sobreseído, por considerar que las pruebas presentadas no presumían la posible responsabilidad del mandatario estatal, pues el único argumento que esgrimieron, es que se trató de una estrategia "electorera" con miras a los próximos comicios.
Los diputados que votaron en contra del juicio político fueron los priístas Ciro Félix Porras, Juan Manuel Velázquez Yunes y Marco Antonio del Ángel Arroyo, y junto a ellos el militante del PVEM, Eduardo Sánchez Macías; mientras quienes votaron a favor de proceder contra el mandatario únicamente fueron Carlos Fuentes y Domingo Bahena Corbalá. Los seis eran los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales encargadas de analizar el dictamen.
A pesar de la negativa del PRI porque avanzara este proceso, ninguno de los legisladores priístas dio la cara para defender al gobernador, y tuvo que ser el verdecologista Eduardo Sánchez Macías quien argumentara que no había pruebas y elementos suficientes para avanzar en el juicio político.
Desde su perspectiva sólo había intenciones político-electorales detrás de la petición del juicio político, con el objetivo de afectar la imagen del gobernador Javier Duarte de Ochoa y las del tricolor.
Todas las acusaciones que se hicieron, dijo, carecen de fundamentos o están en vías de ser solventadas como es el caso de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación.
"Sobre las deudas, esto se puede explicar cómo una persona que debe al banco y que va pagando poco a poco, y mientras no le embarguen, pues no hay problema", expresó.
Por su parte, el panista Carlos Fuentes Urrutia dijo que los priístas se limitaron a defender a su jefe y aprovechando su mayoría impidieron que avanzara el juicio político, por lo cual ahora no descartó la posibilidad de buscar proceder por la vía penal. "Al PRI y a sus aliados le interesó más defender a su jefe el gobernador, en lugar de defender los intereses de los veracruzanos, quienes diariamente ven violentados sus derechos humanos", manifestó.
Comentó que durante la reunión sostenida entre los seis diputados encargados de analizar el dictamen, el único argumento de los priístas para todo fue que el juicio político era una acción electorera, pero fuera de eso no presentaron alguna otra defensa y se limitaron a ejercer su voto mayoritario.
Aseguró que en la solicitud de juicio político existen elementos que acreditan una sistemática violación a los derechos humanos. Prueba de ello, indicó, es el caso de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca a manos de policías estatales, las constantes agresiones a comunicadores, así como la falta de pago a la Universidad Veracruzana (UV) y la crisis por la que atraviesa el gobierno.
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